Raymond Orta Martinez, Editor

Análisis Integral de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales de 2025 (CLARITY Act) y la Reestructuración Institucional de las Criptomonedas en los Estados Unidos

Introducción al Nuevo Paradigma Regulatorio Financiero

El ecosistema de los activos digitales en los Estados Unidos se encuentra en el precipicio de una transformación estructural sin precedentes, marcando el fin de una era de profunda ambigüedad jurídica y el inicio de un régimen de institucionalización formal. Durante la última década, la política estadounidense hacia las criptomonedas, la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) y las finanzas descentralizadas (DeFi) se ha caracterizado abrumadoramente por un enfoque reactivo de «regulación mediante la aplicación de la ley» (regulation by enforcement).¹ Esta estrategia punitiva, liderada predominantemente por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) bajo administraciones anteriores, dependía de la extrapolación de estatutos financieros de la década de 1930 a arquitecturas de red criptográficas, lo que generó un entorno de incesantes litigios y un profundo arbitraje regulatorio.¹ El resultado fue una fuga sistemática de capitales, talento y desarrollo de software hacia jurisdicciones extranjeras que ofrecían mayor certeza jurídica, socavando la competitividad tecnológica de los Estados Unidos.³

En este contexto de urgencia geoeconómica, la arquitectura institucional de los mercados financieros estadounidenses experimenta una reescritura fundamental en 2025 y 2026 a través de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales de 2025, universalmente conocida como la Ley CLARITY (H.R. 3633).⁴ Diseñada no como un instrumento para prohibir ni para otorgar una aprobación incondicional a las criptomonedas, la Ley CLARITY funciona ontológicamente como un «código de circulación» exhaustivo para los mercados digitales.⁴ Su objetivo primordial es asignar carriles jurisdiccionales definitivos entre la SEC y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), definir con precisión qué entidades pueden operar plataformas de negociación e intermediarios, y especificar las reglas fundamentales relativas a las divulgaciones corporativas, la segregación de fondos, la protección del cliente y las obligaciones de integridad del mercado.⁴

El avance de este monumental marco legislativo no ocurre en un vacío histórico. Viene precedido y catalizado por una serie de hitos legislativos y administrativos interconectados, incluyendo la promulgación de la Ley GENIUS para monedas estables (stablecoins) en julio de 2025, y la publicación de una histórica directriz interpretativa conjunta por parte de la SEC y la CFTC en marzo de 2026.⁶ En conjunto, este tejido normativo representa la transición de un mercado emergente, frecuentemente caracterizado por su rebeldía libertaria, a una clase de activo madura, profundamente entrelazada con el sistema bancario tradicional y el mercado de deuda soberana de los Estados Unidos. Este informe de investigación desgrana de manera exhaustiva la anatomía de la Ley CLARITY, sus antecedentes legales y conceptuales, las tensiones inherentes entre la vigilancia financiera del Estado y la privacidad individual, la compleja economía política subyacente a los rendimientos de las monedas estables, y las profundas ramificaciones geopolíticas y de mercado que su inminente aprobación en el Senado tendría para la hegemonía financiera global.

Genealogía Legislativa y la Deconstrucción de la Prueba de Howey

Para comprender la magnitud disruptiva de la Ley CLARITY en el 119º Congreso, es imperativo rastrear su linaje legislativo, el cual refleja una maduración iterativa y sofisticada en la comprensión del Congreso sobre la naturaleza ontológica de los activos digitales. El principal obstáculo legal para la adopción corporativa de las criptomonedas en los Estados Unidos ha sido la aplicación expansiva y rígida de la prueba de Howey (Howey Test) por parte de la SEC.² Bajo esta doctrina, establecida por la Corte Suprema en 1946, casi cualquier venta inicial de un token digital diseñada para recaudar capital se clasificaba invariablemente como un «contrato de inversión» y, por consiguiente, como un valor (security) sujeto a estrictos requisitos de registro y divulgación.⁷

La Invención Conceptual: Securities Clarity Act

El andamiaje conceptual de la actual estructura de mercado tiene sus raíces fundacionales en la propuesta de la Securities Clarity Act (Ley de Claridad de Valores), introducida originalmente en 2020 por el representante republicano Tom Emmer y el representante demócrata Darren Soto, y reintroducida repetidamente en sesiones legislativas posteriores.⁹ La innovación jurídica central de la Securities Clarity Act fue la creación de un nuevo término estatutario y categoría de clasificación: el «activo de contrato de inversión» (investment contract asset).¹²

Esta definición, intencionadamente neutral desde el punto de vista tecnológico, argumentaba que un activo digital (ya sea tangible o intangible) vendido como el objeto de un contrato de inversión es fundamentalmente distinto e independiente de la oferta de valores de la que originalmente formó parte.⁹ La lógica subyacente establece un paralelismo directo con el caso original de Howey: al igual que los campos de naranjos no son valores en sí mismos, sino simplemente el objeto físico sobre el cual se estructuró el contrato de inversión, el token digital subyacente es simplemente una mercancía digital.¹⁵ Esta distinción técnica es de una importancia monumental para el ciclo de vida de un proyecto criptográfico. Permite que un proyecto inicie en una fase altamente centralizada (donde la oferta inicial para recaudar fondos de riesgo es correctamente regulada como un valor) y, a medida que el protocolo madura, el token pueda transicionar hacia una fase descentralizada, funcionando de manera autónoma sin llevar la carga regulatoria perpetua de un valor corporativo.²

La Securities Clarity Act atrajo un respaldo institucional sin precedentes, siendo endosada unánimemente por los principales consorcios de cabildeo del sector, incluyendo Coin Center, la Blockchain Association, la Chamber of Digital Commerce y el Crypto Council for Innovation.¹⁰ Este consenso de la industria cimentó el concepto del «activo de contrato de inversión» como la piedra angular sobre la cual se construirían todos los esfuerzos posteriores de reforma integral del mercado.

La Era de FIT21 y la Resistencia Regulatoria

En el 118º Congreso, los principios revolucionarios de la Securities Clarity Act y la DCEA se subsumieron y expandieron dentro de la Ley de Innovación Financiera y Tecnología para el Siglo XXI (FIT21).⁶ FIT21 logró un hito histórico al ser aprobada por el pleno de la Cámara de Representantes el 22 de mayo de 2024 (votación H.R. 4763), marcando el avance más lejano de cualquier legislación federal sobre criptomonedas hasta esa fecha.⁶

FIT21 buscaba establecer un marco regulatorio federal integral creando dos categorías legales distintas: «productos digitales» (digital commodities) sujetos a la autoridad plenaria de la CFTC, y «activos digitales restringidos» (restricted digital assets) que permanecerían bajo la jurisdicción de la SEC.² La demarcación jurisdiccional se basaba en un análisis matemático de descentralización. FIT21 dictaba que un activo criptográfico transicionaba a ser un producto digital si, durante los 12 meses anteriores, ningún individuo o entidad controlaba la cadena de bloques, y ningún emisor o persona afiliada poseía el 20% o más de los activos digitales emitidos.⁶ Adicionalmente, FIT21 exigía la creación de un «Comité Asesor Conjunto sobre Activos Digitales» entre la SEC y la CFTC para armonizar políticas, y requería que los intermediarios segregaran los fondos de los clientes, replicando las robustas protecciones de la ley Dodd-Frank.²⁰ Un mecanismo de financiación innovador dentro de FIT21 permitía a la CFTC cobrar tarifas a los solicitantes de registro para financiar su nueva supervisión, hasta un máximo de $40 millones anuales sin necesidad de apropiación del Congreso.²

A pesar de su aprobación bipartidista en la Cámara, FIT21 enfrentó una feroz y sistemática oposición regulatoria por parte de la administración en ese momento. El entonces presidente de la SEC, Gary Gensler, emitió declaraciones fuertemente críticas y condenatorias. Gensler argumentó vehementemente que FIT21 crearía enormes vacíos regulatorios, socavando décadas de precedentes jurídicos en torno a la protección de los inversores al abandonar la prueba de Howey.¹⁹ Al permitir a los emisores «autocertificar» la descentralización de sus redes, Gensler sostuvo que la legislación ponía a los mercados de capitales en un «riesgo inmensurable».²² En una de sus críticas más citadas, afirmó que la estructura del proyecto de ley basaba la protección en meras etiquetas, lo cual era «similar a determinar el nivel de protección de los inversores basándose en si una transacción se registra en un cuaderno o en una base de datos de software».² Gensler mantuvo la postura inquebrantable de que el historial de quiebras y fraudes en la industria no se debía a la falta de claridad en las reglas, sino al hecho de que «muchos actores en la industria de las criptomonedas simplemente no juegan según las reglas».²²

Más allá de la resistencia ideológica de la SEC, FIT21 presentaba vulnerabilidades estructurales y lagunas técnicas que dificultaron su viabilidad a largo plazo. Por ejemplo, el texto de FIT21 omitió de manera conspicua cualquier mención explícita a los criptoactivos en participación (staked crypto assets), lo que generó una profunda incertidumbre regulatoria para las plataformas de intercambio que ofrecían servicios de «staking» o para las cadenas de bloques basadas en Prueba de Participación (Proof-of-Stake).⁶ Además, su prohibición de comercialización de tres meses se anticipó como un disruptor severo para la adopción de usuarios.⁶ Estas deficiencias técnicas, combinadas con la oposición ejecutiva, impidieron que FIT21 avanzara en el Senado, forzando un reinicio legislativo integral para el ciclo de 2025.

La Transición Estructural: El Entorno Institucional de 2025 y 2026

Con el inicio del 119º Congreso y el cambio de administración tras las elecciones presidenciales, el panorama político y regulatorio mutó drásticamente, creando un entorno sumamente receptivo para la reestructuración del mercado de activos digitales. La fallida arquitectura de FIT21 fue reemplazada sistemáticamente por la Ley CLARITY de 2025 (H.R. 3633), introducida el 29 de mayo de 2025 por el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, el representante French Hill (R-AR).⁴

Simultáneamente, el liderazgo de las agencias reguladoras experimentó una renovación total. La SEC pasó a ser presidida por Paul Atkins, mientras que la CFTC fue asumida por Michael Selig, quien previamente había servido como asesor principal del grupo de trabajo sobre criptomonedas de la SEC y asesor del propio Atkins.²³ A diferencia de su predecesor, el presidente Atkins adoptó una postura decididamente pro-innovación, testificando ante el Congreso que un marco federal estaba «hace mucho tiempo atrasado» y respaldando activamente los esfuerzos legislativos bipartidistas para promulgar la Ley CLARITY, señalando que ninguna acción unilateral de la SEC sería más efectiva que una legislación de estructura de mercado clara.²³

En preparación para la inminente aprobación legislativa, y como respuesta a los retrasos en el Senado, la SEC y la CFTC demostraron una disposición sin precedentes para colaborar. Durante la segunda mitad de 2025, la CFTC lanzó varias iniciativas bajo la dirección de Selig, incluyendo un «Crypto Sprint» de un año de duración y un programa piloto para la tokenización de garantías en los mercados de derivados.⁷ La SEC, por su parte, se apartó de los litigios agresivos para centrarse en proporcionar directrices claras, ejemplificado por la rescisión a principios de 2025 del controvertido Boletín de Contabilidad del Personal No. 121 (SAB 121), el cual históricamente había restringido de manera punitiva a las instituciones financieras tradicionales de custodiar y salvaguardar activos digitales en nombre de sus clientes institucionales.⁷

El Nuevo Régimen Taxonómico: La Directriz Conjunta SEC-CFTC de Marzo de 2026

Un desarrollo de profunda importancia de segundo orden, que preconfigura la infraestructura operativa exigida por la Ley CLARITY, ocurrió el 17 de marzo de 2026.⁷ En esta fecha, Atkins y Selig emitieron una histórica y exhaustiva directriz interpretativa conjunta sobre la aplicabilidad de las leyes federales de valores y la Ley de Intercambio de Productos Básicos (Commodity Exchange Act) a los criptoactivos.⁷ Esta orientación conjunta sirvió como un puente regulatorio esencial frente a los retrasos legislativos en el Congreso.⁷

La directriz estableció, por primera vez en la historia financiera de los Estados Unidos, una taxonomía estandarizada, unificada y vinculante para los participantes del mercado.⁷ Definió términos fundamentales como «criptoactivo» (cualquier representación digital de valor registrada en un libro mayor distribuido criptográficamente seguro), «red criptográfica», «aplicación criptográfica» e interacciones «onchain» y «offchain».⁷

De manera crítica, la orientación dividió el universo de los criptoactivos en cinco categorías específicas. A través de este marco, la SEC reafirmó la validez fundamental de la prueba de Howey para determinar la existencia de un contrato de inversión (requiriendo una inversión de dinero, en una empresa común, con expectativas de ganancias derivadas de los esfuerzos de terceros), pero restringió drásticamente su campo de aplicación por defecto.⁷

El impacto de segundo orden de esta directriz es monumental: al ceder oficialmente el control sobre la inmensa mayoría de los tokens de capa 1 (Layer-1) y los activos fundacionales como Ether y Solana hacia la CFTC, la SEC de Atkins desarticuló efectivamente el riesgo legal paralizante que asfixiaba el desarrollo de infraestructuras blockchain en el país.⁷ Al mismo tiempo, el presidente Atkins mantuvo una postura inquebrantable respecto a que los valores tokenizados (Real-World Assets, RWA) son inequívocamente valores, afirmando en noviembre de 2025 que representan la propiedad de instrumentos financieros enumerados en las definiciones tradicionales.²⁶ Esta claridad permitió a las instituciones bancarias avanzar con confianza en pilotos de tokenización de miles de millones de dólares, utilizando redes blockchain públicas como rieles de liquidación.²⁴

Anatomía Estatutaria de la Ley CLARITY: El Sustitutivo del Senado (Mayo 2026)

Mientras las agencias delineaban políticas a nivel interpretativo, el poder legislativo avanzaba hacia la codificación de un estatuto permanente. Tras la aprobación de la Ley CLARITY en la Cámara de Representantes en julio de 2025 (por una votación decisiva de 294 a 134) ²⁷, el proyecto se trasladó al Senado. Tras meses de intensas y complejas negociaciones bipartidistas, el 12 de mayo de 2026, los senadores Tim Scott (R-S.C., presidente del Comité Bancario), Cynthia Lummis (R-Wyo.) y Thom Tillis (R-N.C.) publicaron un texto sustitutivo exhaustivo, funcionando como una enmienda del gerente (manager’s amendment) a H.R. 3633.¹

Este texto sustitutivo, que fue avanzado por el Comité Bancario el 14 de mayo, representa el intento más ambicioso en la historia de los EE. UU. para trazar líneas viables y definitivas entre la actividad de valores y la actividad no relacionada con valores.¹ La Ley CLARITY, en su forma del Senado, es un ensamblaje complejo de reformas estatutarias, vías de formación de capital, protecciones técnicas y expansiones masivas de la vigilancia estatal, estructurado a lo largo de varios Títulos fundamentales.

Título I y II: Líneas Jurisdiccionales y el Marco de Activos Auxiliares

El corazón operativo de la Ley CLARITY es la resolución del enigma jurisdiccional mediante el establecimiento del marco de «activos auxiliares» (Ancillary Asset Framework).⁸ Diferenciándose del modelo matemático rígido de FIT21, el sustituto del Senado introduce un enfoque más matizado y dependiente de divulgaciones formales.¹

La legislación bifurca la definición del token ²⁹:

• Token de red (Network Token): Se define como un producto digital intrínsecamente vinculado a un sistema de contabilidad distribuida, que se espera derive su valor principal del uso de ese sistema.²⁹ Este token no se considera un valor bajo las leyes federales.²⁹
• Activo auxiliar (Ancillary Asset): Se define como un token de red cuyo valor depende temporalmente de los activos empresariales o los esfuerzos gerenciales de un «originador de activos auxiliares» o una persona relacionada (es decir, el equipo de desarrollo central).²⁹

Para transicionar de un régimen a otro, la Ley CLARITY establece un sofisticado proceso de «presunción refutable» (rebuttable presumption) y un régimen de certificación escrita.⁶ Un originador de proyecto o un intermediario registrado puede presentar una certificación a la SEC, respaldada por evidencia razonable, argumentando que un token de red ha alcanzado el nivel requerido de autonomía operativa y descentralización.²⁹ La CFTC/SEC dispone de un período acelerado de hasta 80 días para revisar, cuestionar o aprobar esta certificación.⁶ Si se aprueba, el token de red queda firmemente establecido como un producto digital, abriendo el camino para su negociación en intercambios de productos digitales al contado registrados ante la CFTC (DCEs).⁶ Esto reemplaza efectivamente la amenaza constante de citaciones judiciales y litigios post hoc con un proceso administrativo predecible, permitiendo a los innovadores estructurar legalmente el ciclo de vida de la distribución de tokens.⁴

Adicionalmente, el proyecto enmienda estatutos bancarios fundacionales (incluyendo la Ley de Sociedades Financieras de Cartera y la Ley del Banco Nacional) para aclarar inequívocamente que los bancos nacionales, bancos estatales y ciertas cooperativas de crédito están legalmente autorizados a utilizar activos digitales y tecnología blockchain para cualquier actividad que ya se les permita realizar, como pagos, préstamos, custodia y negociación, eliminando barreras institucionales previas.³⁰

Título V y VI: Inmunización de Infraestructura, DeFi y Autocustodia

Más allá de la clasificación de tokens corporativos, la Ley CLARITY reconoce la distinción fundamental entre los intermediarios financieros que custodian activos y el código informático puro subyacente a la red. Las secciones protectoras de la ley representan una victoria monumental para el sector tecnológico, evitando la fuga del desarrollo de infraestructura hacia el extranjero (offshoring).⁸

La Sección 604 de la legislación incorpora los elementos críticos de la Ley de Certeza Regulatoria de Blockchain (Blockchain Regulatory Certainty Act), liderada históricamente por Tom Emmer y Ritchie Torres.⁸ Esta disposición exime expresamente a los desarrolladores de software no controladores y a los proveedores de infraestructura tecnológica (incluyendo mineros, operadores de nodos, validadores de redes y proveedores de enrutamiento) de ser clasificados de manera absurda como instituciones financieras o transmisores de dinero bajo las obligaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA).⁸ La implicación de este estatuto es que el Congreso reconoce legalmente que escribir y desplegar código fuente descentralizado no es un delito ni una actividad financiera supervisada, siempre y cuando el desarrollador carezca de la capacidad técnica para ejercer control sobre los fondos de los usuarios o para malversarlos.⁸ Además, la ley protege a los participantes en protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) por compilar transacciones de red o proporcionar trabajo computacional, ordenando simultáneamente a la SEC realizar reglamentaciones claras para protocolos DeFi que interactúen con valores reales.³⁰

Igualmente transformadora es la Sección 605, denominada la Ley Guarda tus Monedas (Keep Your Coins Act).⁸ Esta sección codifica formalmente a nivel federal el derecho inalienable de los individuos a mantener, custodiar y utilizar sus propios activos digitales en billeteras autohospedadas (self-hosted wallets).⁸ Prohíbe de manera concluyente a cualquier agencia federal dictar normas que restrinjan o impidan la capacidad de un ciudadano de interactuar de igual a igual en una cadena de bloques para propósitos lícitos.⁸ En una era de creciente censura financiera impulsada por infraestructuras de pagos centralizadas, la Sección 605 preserva un baluarte crítico de privacidad financiera y autonomía individual.⁸

El Paradigma de la Vigilancia Financiera: Tensiones Constitucionales y Seguridad Nacional

A pesar de las contundentes protecciones a la privacidad consagradas en la Sección 605, la Ley CLARITY dista mucho de ser una capitulación incondicional frente a la ideología libertaria o cypherpunk de las criptomonedas. Para hacer que la legislación fuera políticamente digerible para el establecimiento de seguridad nacional de los Estados Unidos y asegurar el apoyo bipartidista frente a los temores de finanzas ilícitas (lavado de dinero, proliferación armamentística, y evasión de sanciones soberanas), los autores integraron disposiciones de control draconianas.⁸ El Título III del sustituto del Senado introduce lo que analistas de políticas públicas del Instituto Cato han descrito como «una de las expansiones más sustanciales de la vigilancia financiera en la historia reciente».⁸

La Expansión del Patriot Act (Sección 303)

La Sección 303 moderniza y expande la controvertida autoridad de «medidas especiales» delineada en la Sección 311 de la Ley USA PATRIOT, promulgada tras los ataques de 2001.⁸ La nueva redacción otorga al Departamento del Tesoro el poder expreso y unilateral para aplicar estas medidas de emergencia directamente a la infraestructura de activos digitales y protocolos descentralizados.⁸ Esto faculta al Secretario del Tesoro para etiquetar transacciones específicas, jurisdicciones completas, o instituciones virtuales como «preocupaciones primarias de lavado de dinero».⁸ Una vez aplicada la etiqueta, el Tesoro puede iniciar mandatos agresivos de mantenimiento de registros de vigilancia masiva o, en escenarios extremos, imponer prohibiciones transaccionales totales contra direcciones de contratos inteligentes o redes de mezcladores (mixers), sin requerir autorización judicial previa.⁸

La Autoridad de Retención Temporal y la Erosión del Debido Proceso (Sección 305)

Aún más alarmante desde la perspectiva de las libertades civiles es la Sección 305, que introduce una nueva autoridad de «retención temporal» (temporary hold) para el ecosistema criptográfico.⁸ Esta disposición diseña un puerto seguro legal exento de responsabilidad civil para los emisores de monedas estables y los proveedores de servicios (tales como intercambios centralizados) que decidan congelar voluntariamente las transacciones o saldos de los clientes.⁸ De manera crítica, la congelación puede ser desencadenada no por una orden judicial o una citación vinculante, sino por simples solicitudes escritas informales provenientes de las fuerzas del orden.⁸

Bajo este marco operativo, los clientes no reciben notificación previa de la inminente congelación de sus activos, ni se les otorga una oportunidad administrativa o judicial pre-privación para impugnar la acción y defender la legitimidad de sus fondos.⁸ Académicos legales y defensores de la privacidad han levantado profundas alarmas sobre esta sección, argumentando que normaliza las incautaciones de propiedad sin orden judicial por parte de intermediarios privados que actúan a instancias del Estado.⁸ Constitucionalmente, este mecanismo busca circunvalar las protecciones fundamentales consagradas en la Cuarta Enmienda (que protege contra registros e incautaciones irrazonables) y la Quinta Enmienda (que garantiza el debido proceso legal antes de la privación de propiedad).⁸

Esta profunda paradoja inherente a la Ley CLARITY—codificar el derecho legal absoluto a poseer criptomonedas y ejecutar software (Secciones 604 y 605), mientras se otorga simultáneamente al Estado corporativo el poder extrajudicial de paralizar el valor económico de esas criptomonedas en las rampas de entrada y salida (Sección 305)—ilustra gráficamente el brutal compromiso político exigido para institucionalizar esta tecnología dentro del imperio del dólar estadounidense.

La Economía Política de las Monedas Estables: La Ley GENIUS y el Conflicto de Rendimientos

Si bien los debates sobre la descentralización de los tokens dominaron el discurso técnico, el obstáculo político más tenaz y tóxico para el avance de la Ley CLARITY en el Senado no provino de la SEC ni de los defensores de la privacidad, sino de los esfuerzos de cabildeo de la banca comercial tradicional.²⁸ El núcleo de este conflicto giró en torno al tratamiento macroeconómico de las monedas estables (stablecoins) y la distribución de los masivos rendimientos financieros generados por sus reservas de respaldo.⁸

Para contextualizar de manera adecuada esta guerra de poder financiero, es necesario revisar la arquitectura de la Ley GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act), introducida por el senador Bill Hagerty y promulgada como ley pública el 18 de julio de 2025 por el presidente Trump.⁶ Como el primer marco legislativo criptográfico federal importante convertido en ley, la Ley GENIUS revolucionó el tratamiento de los dólares digitales.⁶ La ley restringió la emisión de «monedas estables de pago» únicamente a emisores permitidos (PPSIs), que incluían entidades no bancarias aprobadas por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), bancos nacionales no asegurados, o emisores calificados a nivel estatal (limitados estrictamente a aquellos que emitieran menos de $10 mil millones en tokens).⁶

De manera crucial, la Ley GENIUS exigió estatutariamente que estos emisores respaldaran los tokens en una proporción de al menos 1 a 1 con reservas líquidas de la más alta calidad, específicamente moneda estadounidense directa o Letras del Tesoro con vencimientos menores a 93 días.⁶ Estas reservas no pueden ser pignoradas, rehipotecadas ni reutilizadas en operaciones de riesgo.⁶ Adicionalmente, la ley otorgó prioridad legal acelerada a las reclamaciones de redención de los tenedores de tokens sobre todos los demás acreedores en caso de insolvencia del emisor, aislando a las monedas estables del riesgo de quiebra.⁶ Finalmente, eximió formalmente a las monedas estables de pago permitidas de la definición de valor (security), pero las subordinó por completo a la vigilancia de la Ley de Secreto Bancario (BSA).⁸

El Miedo a la Fuga de Depósitos y la Parálisis del Senado

Dada la estructura exigida por la Ley GENIUS, y considerando el entorno de altas tasas de interés prevaleciente, las enormes reservas de bonos del Tesoro que respaldaban decenas de miles de millones de dólares en monedas estables comenzaron a generar ingresos por intereses formidables.⁸ Operando en un mercado de libre competencia tecnológica, los emisores de criptomonedas y las plataformas de intercambio (exchanges) buscaron transferir una porción significativa de estos rendimientos de vuelta a los usuarios minoristas en cadena, ofreciendo pagos de interés pasivo simplemente por mantener saldos en dólares digitales en sus plataformas.⁵

Esta dinámica desencadenó un pánico existencial absoluto dentro del sector bancario comercial tradicional. Los bancos, operando bajo el modelo de reserva fraccionaria, advirtieron que si se permitía a las empresas criptográficas pagar rendimientos sostenidos respaldados directamente por Letras del Tesoro a 90 días, los consumidores racionales abandonarían en masa las cuentas corrientes y de ahorro tradicionales (que históricamente ofrecen rendimientos minúsculos) para migrar sus fondos hacia carteras de monedas estables.⁸ Para proteger la base de depósitos que financia el crédito comercial y los préstamos hipotecarios de la nación, el poderoso lobby bancario presionó implacablemente para asegurar que el borrador de la Ley CLARITY incluyera una prohibición draconiana que impidiera a las plataformas digitales ofrecer cualquier forma de interés o rendimiento a los tenedores de monedas estables.⁸

Esta intrusión proteccionista provocó una crisis legislativa. En enero de 2026, el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, utilizando la influencia masiva de la industria tecnológica, bloqueó personalmente el avance de la Ley CLARITY, retirando su apoyo institucional en vísperas de un marcado (markup) programado en el Comité Bancario.³³ Armstrong y la industria criptográfica argumentaron que prohibir los rendimientos sofocaba la innovación esencial, imponía un marco bancario defectuoso sobre instrumentos de pago altamente eficientes, y protegía artificialmente los privilegios atrincherados de los bancos.⁸ El estancamiento paralizó el Senado durante meses.²⁸ Un intento de desescalar la situación se produjo a través de un informe publicado el 8 de abril de 2026 por el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, el cual concluyó mediante análisis empíricos que la eliminación del rendimiento de las monedas estables en la red aumentaría los préstamos bancarios en apenas $2.1 mil millones de dólares a nivel nacional, representando un impacto estadísticamente irrelevante del 0.02% en el crédito total.²⁸

El Compromiso de la Sección 404 (Mayo de 2026)

Frente a la parálisis total, altos funcionarios de la Casa Blanca, liderados por el Asesor Presidencial sobre Criptomonedas Patrick Witt, mediaron en intensas reuniones interinstitucionales con la Asociación de Banqueros Americanos (ABA), la Blockchain Association, la Cámara Digital y el Crypto Council for Innovation.³ Este diálogo culminó en un delicado compromiso forjado a principios de mayo, apenas días antes de la histórica votación en el comité.³³

El compromiso, codificado en la Sección 404 del texto sustitutivo, instituyó un modelo de remuneración híbrido ⁵:

1. Prohibición de Rendimiento Bancario Pasivo: Se prohíbe de manera absoluta a los emisores de monedas estables y a las plataformas relacionadas pagar tasas de interés pasivas o rendimientos que sean «económica o funcionalmente equivalentes al pago de intereses o rendimientos sobre un depósito bancario que devenga intereses».³³
2. Autorización de «Recompensas Bona Fide»: Como concesión crucial a la industria criptográfica, la ley permite a las empresas ofrecer expresamente «recompensas o incentivos» vinculados a actividades o transacciones «bona fide» del usuario en la red.⁵ Estas actividades permitidas incluyen realizar transacciones, ejecutar pagos y remesas globales, y de manera más importante, proveer liquidez en protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi).³³
3. Ventana de Reglamentación Diferida: Reconociendo que la demarcación tecnológica entre el «rendimiento pasivo prohibido» y las «recompensas de liquidez permitidas» es operativamente borrosa en la arquitectura de contratos inteligentes, el Congreso delegó la resolución final a los reguladores. El proyecto de ley estipula una ventana de un año para que los reguladores financieros de los EE. UU. publiquen normativas formales detallando los contornos exactos bajo los cuales las empresas pueden recompensar lícitamente a los usuarios de monedas estables sin violar la prohibición de intereses bancarios.³³

La resolución de esta disputa desbloqueó el atasco legislativo, permitiendo a Brian Armstrong reanudar el apoyo de Coinbase al proyecto de ley y despejando el camino para la votación del Comité Bancario.³³ Desde una perspectiva de economía política de tercer orden, este compromiso subraya que los Estados Unidos han decidido abrazar plenamente a las monedas estables corporativas reguladas como el vehículo de elección para proyectar Eurodólares sintéticos globalmente y absorber perpetuamente deuda del Tesoro.⁸ Sin embargo, la estructura legislativa garantiza que estas inmensas redes funcionen estrictamente como infraestructuras de pagos de alta velocidad (análogas a Visa o Swift de próxima generación), y prohíbe legalmente que se transformen en «bancos en la sombra» de reserva total que amenacen con drenar los depósitos minoristas del sistema bancario fraccionario tradicional.⁸

Dinámicas Políticas: El Histórico Marcado del Comité Bancario del Senado (14 de Mayo de 2026)

Con el texto sustitutivo perfeccionado y el obstáculo de las monedas estables resuelto, la Ley CLARITY avanzó hacia un enfrentamiento político decisivo. El 14 de mayo de 2026, el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, bajo el liderazgo del presidente Tim Scott (R-S.C.), convocó una sesión formal de revisión, debate y votación (markup) sobre la legislación.¹

Tras más de dos horas de acalorados y a menudo rencorosos debates, el comité aprobó avanzar la Ley CLARITY al pleno del Senado con una contundente votación bipartidista de 15 a 9.¹ El núcleo del apoyo provino de una cohesión republicana absoluta, con los 13 miembros del partido votando a favor.³ La superación del estancamiento partidista se logró gracias a la crítica deserción de dos miembros demócratas: la senadora Michelle Alsobrooks (D-MD) y el senador Ruben Gallego (D-AZ), quienes rompieron filas con el liderazgo de su partido para unirse a los republicanos.³

Sin embargo, las dinámicas procesales y retóricas evidenciadas durante la sesión ilustraron crudamente que la regulación de los activos digitales sigue siendo un campo de batalla para la guerra cultural y la supervisión del poder ejecutivo.³ Los miembros del comité habían propuesto originalmente más de 100 enmiendas al proyecto de ley CLARITY, pero el presidente Scott, utilizando maniobras procedimentales agresivas, permitió que solo un par de docenas fueran formalmente debatidas.³

Supresión Procedimental y Tensiones Partidistas

La miembro de mayor rango de la minoría demócrata, la senadora Elizabeth Warren (D-MA), lanzó una mordaz protesta oficial, acusando al presidente Scott de silenciar el debate democrático al rechazar sumariamente más de una docena de enmiendas demócratas alegando oscuros «requisitos procedimentales».³ Las enmiendas bloqueadas por Scott abordaban los nervios más sensibles de la legislación, incluyendo protecciones adicionales exigidas por los bancos comunitarios para frenar las lagunas de recompensas de las monedas estables, y advertencias severas del departamento de justicia sobre la incapacidad de procesar crímenes financieros internacionales si los desarrolladores de DeFi obtenían la inmunidad expansiva contemplada en la Sección 604.³

Scott defendió ardientemente sus rechazos afirmando que solo había eliminado enmiendas que contenían fallos técnicos «atroces», señalando específicamente que los borradores de Warren hacían referencia a la versión del proyecto de ley del viernes anterior, en lugar de a la iteración refinada publicada durante el fin de semana.³ El senador Jack Reed (D-RI) rechazó de plano esta justificación técnica, acusando a Scott de eliminar enmiendas arbitrariamente por cobardía política, para evitar que la frágil coalición de la industria se viera forzada a emitir votos públicos sobre vulnerabilidades de seguridad nacional y evasión fiscal.³ Como resultado de esta táctica, ninguna enmienda patrocinada por demócratas fue aprobada durante la sesión, mientras que las propuestas republicanas que no fueron retiradas pasaron sin incidentes.³

El Choque Frontal sobre la Ética Presidencial y la Autocontratación

A pesar de la maniobra sobre DeFi y banca, el momento más explosivo y políticamente peligroso de todo el marcado no se centró en la descentralización tecnológica, sino en el potencial conflicto de intereses masivo en los niveles más altos del poder ejecutivo de los Estados Unidos.³

El senador demócrata Chris Van Hollen introdujo una enmienda diseñada específicamente para imponer restricciones éticas draconianas y barreras de autocontratación (self-dealing) aplicables al Presidente de la República y a los miembros del Congreso.³ En su tiempo de exposición, Van Hollen lanzó un ataque frontal sin precedentes contra las finanzas personales de Donald Trump y su familia inmediata.³ Acusó directamente a la Casa Blanca de orquestar «empresas criptográficas corruptas y diversas estafas» mientras impulsaba marcos regulatorios indulgentes.³ Van Hollen enfocó su ataque en el proyecto World Liberty Financial (WLF), denunciando que la empresa estaba estructurada para generar «miles de millones en ganancias» para la familia Trump a través de oscuros acuerdos financieros y asociaciones con la familia real de los Emiratos Árabes Unidos.³ Llevando su argumento a los mercados minoristas, Van Hollen criticó duramente las memecoins presidenciales (como $TRUMP y $MELANIA), sosteniendo que estos activos especulativos permitieron a Trump amasar cientos de millones de dólares en capital líquido mientras los inversores minoristas promedio sufrían pérdidas catastróficas por miles de millones de dólares, concluyendo lapidariamente: «Ya sea que los inversores minoristas ganen o pierdan, Trump es la casa en el casino. Él siempre gana».³

La reacción republicana fue inmediata y furiosa. El senador Bernie Moreno (R-OH) lideró la refutación, atacando la enmienda de Van Hollen por motivos jurisdiccionales y decoro.³ Moreno argumentó que, dado que la enmienda exigía la imposición de nuevas sanciones penales por autocontratación, pertenecía constitucionalmente al Comité Judicial y no al Comité Bancario.³ Más allá de los tecnicismos, Moreno denunció enérgicamente los comentarios de Van Hollen como una «vergüenza», caracterizándolos como ataques puramente ad hominem que presentaban conclusiones de culpabilidad sin conocimiento fáctico de ningún delito o proceso judicial formal.³ Cuando Van Hollen replicó que el acuerdo WLF-EAU exhibía «todas las marcas de un acuerdo corrupto», el presidente Tim Scott intervino con el mazo, cortando abruptamente a Van Hollen y dictaminando que la retórica del senador violaba las normas de decoro al juzgar la integridad del Presidente en el expediente oficial.³ Scott detuvo forzosamente cualquier debate posterior y exigió una votación nominal, en la cual la enmienda de Van Hollen fue fulminantemente derrotada por las líneas partidistas.³

La toxicidad del intercambio reverberó a lo largo del comité. En protesta por la negativa de los republicanos a considerar las barreras éticas, el senador Raphael Warnock (D-GA) retiró su propia enmienda independiente orientada a la protección del consumidor e inversor.³ Al retirar su legislación, Warnock emitió una advertencia sombría y políticamente cargada, declarando en el expediente que las actividades personales de autocontratación del Presidente con activos digitales constituían «corrupción pura», y advirtiendo que los demócratas del Senado de ninguna manera aceptarían apoyar un proyecto de ley criptográfico final que legalizara y permitiera la continuación de lo que percibían como corrupción presidencial desenfrenada.³

A pesar de esta acritud, la votación final de 15 a 9 aseguró el paso del proyecto. Los senadores disidentes que cruzaron las líneas, Alsobrooks y Gallego, añadieron advertencias formales (caveats) a sus votos.³ Gallego señaló que la imposición de verdaderas barreras éticas para evitar que los funcionarios electos se beneficien personalmente de la industria que regulan es el problema no resuelto más crítico de la ley, mientras que Alsobrooks apuntó a las vulnerabilidades sistémicas en la aplicación de la ley frente a las plataformas DeFi. Ambos recalcaron explícitamente que su voto afirmativo en el comité era únicamente un compromiso para «seguir trabajando de buena fe», y de ninguna manera garantizaba su voto aprobatorio cuando el proyecto de la Ley CLARITY llegara finalmente al pleno del Senado.³

Reacciones de la Industria: El Triunfo del Cabildeo

Inmediatamente después de la conclusión de la votación, las métricas de plataformas de predicción de mercado descentralizadas, como Polymarket, evidenciaron una oleada de euforia inversora, con las probabilidades estimadas de que la Ley CLARITY se promulgue en 2026 disparándose bruscamente del 46% al 64%.³³ La industria de los activos digitales—habiendo invertido incalculables recursos financieros en años de prolongados esfuerzos de cabildeo, movilización popular liderada por agrupaciones como Stand with Crypto financiadas por Coinbase, e ingeniería regulatoria—recibió el avance del comité como una monumental reivindicación existencial.³

La directora ejecutiva de la influyente Blockchain Association, Summer Mersinger, emitió un comunicado oficial caracterizando la votación bipartidista como «un momento definitorio para el liderazgo estadounidense en el futuro de las finanzas».³ Mersinger articuló la premisa económica central del sector corporativo: durante demasiado tiempo, el castigo regulatorio y la profunda incertidumbre legal en los EE. UU. habían inducido una fuga de cerebros endémica, canalizando capital de riesgo y desarrolladores estrella hacia jurisdicciones extranjeras rivales (tales como centros financieros asiáticos o la Unión Europea bajo su marco legislativo MiCA).³ La Blockchain Association enmarcó la adopción de la Ley CLARITY no simplemente como una victoria de mercado, sino como un imperativo de política industrial diseñado para «repatriar» (reshore) de manera inminente la próxima gran ola de creación de riqueza y empleos tecnológicos, arraigando la innovación blockchain firmemente en los valores fundamentales estadounidenses del libre mercado y el debido proceso.³

En una consonancia estratégica similar, Ji Kim, CEO del prestigioso Crypto Council for Innovation, celebró públicamente el voto como un «punto de inflexión decisivo» e irreversible para la trayectoria futura de los activos digitales en América.³ Kim destacó la importancia sociológica del voto, expresando asombro por «la convicción en ambos lados» del espectro político y agradeciendo específicamente los incesantes esfuerzos diplomáticos de mediación llevados a cabo por la Casa Blanca y el personal especializado del Tesoro de EE. UU. (incluidos Patrick Witt y Tyler Williams).³ Que senadores del flanco demócrata estuvieran dispuestos a absorber intensos ataques internos para cruzar el pasillo y validar la utilidad inherente de las redes distribuidas sugiere un reconocimiento pragmático subyacente: la tecnología blockchain, más que una moda especulativa, es una infraestructura informática y de pagos crítica que demanda urgentemente una estandarización nacional integral para asegurar la modernización del sistema financiero estadounidense.³

Consideraciones Estratégicas y Perspectivas Futuras para el Mercado Geopolítico

A pesar de las celebraciones prematuras de los ejecutivos del sector tecnológico, el árido camino burocrático y político para que la Ley CLARITY se convierta en una ley federal vinculante antes del cierre del 119º Congreso enfrenta obstáculos inmensos de naturaleza tanto legislativa como constitucional.

El Desafío del Filibusterismo y la Supermayoría del Senado

El avance exitoso fuera de las confines del Comité Bancario representa, en términos prácticos, solo la primera escaramuza de una prolongada guerra de desgaste. En la cámara alta del Congreso de los EE. UU., debido a las normas de debate ilimitado, para superar un potencial filibusterismo (obstrucción parlamentaria sostenida) y forzar una votación final en el pleno del Senado, la legislación requiere indefectiblemente obtener una supermayoría de 60 votos.³ Analizando la aritmética partidista actual, asumiendo un bloque monolítico y unánime de apoyo por parte de los 53 senadores republicanos, los arquitectos y defensores del proyecto de ley CLARITY todavía tienen el requerimiento matemático de convencer, asegurar y retener al menos a siete senadores demócratas para que voten a favor de romper el filibusterismo.³

Dadas las profundas reservas ideológicas expresadas durante el marcado del comité—y específicamente las amenazas latentes de figuras moderadas como Alsobrooks y Gallego de desertar si no se abordan el crimen en redes DeFi y las prácticas comerciales de la Casa Blanca—la obtención de esos siete escaños adicionales dependerá enteramente de intensas y costosas concesiones políticas a puerta cerrada.³ El debate sobre las restricciones éticas presidenciales y la posible creación de fideicomisos ciegos obligatorios (blind trusts) para funcionarios que regulan y dictan política criptográfica será el pivote central que definirá el fracaso o la consagración del proyecto de ley CLARITY en el Senado.³

Reconciliación Institucional y la Arquitectura de Comités

Aumentando drásticamente la complejidad logística de la aprobación, se encuentra el problema estructural del diseño de comités superpuestos de la jurisdicción federal. Históricamente, el Comité Bancario ostenta jurisdicción sobre la SEC, pero no sobre la CFTC. Por el contrario, es el Comité de Agricultura del Senado (Senate Agriculture Committee) el que ejerce autoridad sobre la CFTC y las normativas de intercambio de productos básicos.

Como resultado, el extenso texto sustitutivo elaborado en mayo por el Comité Bancario sobre la Ley CLARITY (H.R. 3633) deberá someterse a un intrincado y prolongado proceso de reconciliación bicomité con un proyecto de ley gemelo paralelo: la Ley de Intermediarios de Productos Digitales (Digital Commodity Intermediaries Act, DCIA), un estatuto centrado exclusivamente en la CFTC que fue redactado e impulsado con éxito por el Comité de Agricultura del Senado varios meses antes, en enero de 2026.¹ Sólo después de que los miembros de ambos poderosos comités forjen un documento legislativo unificado y armonizado (amalgamando los estándares de tokenización y descentralización de la SEC con las regulaciones de mercado al contado de la CFTC), el proyecto se presentará a la votación integral del pleno.²⁹ Si sobrevive al Senado, este texto de reconciliación masivo deberá regresar a la Cámara de Representantes para someterse a un ajuste final con la iteración original aprobada en 2025, antes de ser enviado finalmente al escritorio resolutivo del Presidente para su firma ejecutiva y promulgación.¹ Adicionalmente, deberá integrarse complementariamente con otras propuestas no macroestructurales pendientes, como la Ley de Hipotecas del Siglo 21 de la senadora Lummis, que modifica estatutos para permitir el uso colateral de criptomonedas en entidades como Fannie Mae.⁶

El Impacto Geoeconómico en los Mercados de Capitales Globales

Más allá del ruido político de Washington, las ramificaciones teóricas y empíricas de la implementación a largo plazo de la Ley CLARITY redefinirán permanentemente la estructura profunda de las finanzas internacionales y la asignación global de activos.

En primer orden de impacto, la legislación inducirá una fase de maduración punitiva a través del registro institucional obligatorio. Los inmensos intercambios de criptomonedas y las mesas de negociación extrabursátil (OTC) extraterritoriales, que históricamente han operado como entidades cuasi-bancarias en un vacío de supervisión asumiendo riesgos masivos con el capital de clientes, se verán forzados a transformar radicalmente sus modelos de negocio.¹⁸ La ley les obligará estatutariamente a segregar físicamente los fondos de los usuarios bajo custodios calificados, a mantener requisitos mínimos de capital ajustados al riesgo (basilea-compatibles), a implementar costosos marcos de ciberseguridad, y a someterse a regímenes de registro dual si pretenden intermediar tanto productos digitales bajo la CFTC como activos restringidos bajo la SEC.⁶ Esta normalización incrementará dramáticamente los costos fijos de cumplimiento operativo (compliance overhead) en toda la red de servicios. Económicamente, el resultado ineludible será una drástica fase de consolidación corporativa (M&A) de la industria, ya que cientos de actores no rentables o empresas de tecnología incipientes no podrán absorber la aplastante carga de auditoría requerida por el marco de la CFTC y serán absorbidos por gigantes bien capitalizados como Coinbase o instituciones financieras incumbentes de Wall Street.

En segundo orden de impacto, el establecimiento de una vía legal administrativa codificada y predecible para emitir valores tokenizados (Real-World Assets, RWA) bajo la vigilancia expresa de la SEC—combinada de manera magistral con la audaz inmunidad legal concedida por la Sección 604 al desarrollo infraestructural de software DeFi de código abierto—catalizará instantáneamente el entorno más fértil, legalmente defendible y tecnológicamente avanzado del mundo para la experimentación en «finanzas on-chain» (finanzas en cadena).⁷ Las principales corporaciones de inversión del mundo, habiendo adquirido certeza legal, acelerarán sin precedentes el proceso de desmaterialización y fraccionamiento algorítmico de billones de dólares en capital en reposo. Desde la tokenización de acciones bursátiles tradicionales y bonos corporativos, hasta los instrumentos opacos de crédito privado y los bienes raíces comerciales, vastas porciones de los mercados de capitales tradicionales globales abandonarán las infraestructuras de liquidación asíncronas de base de datos cerrada de los años setenta, para migrar sus operaciones de registro, clearing, y liquidación a rieles de cadena de bloques distribuidos e instantáneos nativos de Estados Unidos.²⁴ Esta integración fusionará indistinguiblemente el capital tradicional con la liquidez global, fluida e interconectada de los mercados de criptomonedas puros.²⁴

Por último, en una evaluación macro-histórica desapasionada, las extremas medidas de vigilancia incorporadas en el Título III y el proteccionismo de los depósitos bancarios de la Ley GENIUS consagrados en el Título IV revelan irrefutablemente la verdadera naturaleza geopolítica de la política de activos digitales del estado norteamericano. La formulación de la Ley CLARITY no representa de ninguna manera una sumisión o capitulación del monopolio del estado-nación frente a la insurrección utópica y anárquica cypherpunk de desintermediación financiera total. Todo lo contrario: constituye un brillante y deliberado mecanismo de captura institucional, absorción sistémica y cooptación tecnológica.

Al otorgar a las criptomonedas el anhelado manto de legitimidad legal e integrarlas estructuralmente con los marcos de supervisión financiera del Departamento del Tesoro—estableciendo mecanismos paralegales de control como expansiones masivas del Patriot Act y la perniciosa red de «retenciones temporales» de fondos sin necesidad de obtener mandatos u órdenes de registro bajo la Cuarta Enmienda—los Estados Unidos están forjando activamente una versión digitalizada, panóptica y devastadoramente eficiente de su propio ecosistema de hegemonía del dólar.⁸ Las stablecoins y las redes blockchain autorizadas transicionan de ser herramientas de evasión del estado a convertirse en conductos ultrarrápidos para la proyección de la política monetaria de la Reserva Federal y la imposición de sanciones coercitivas globales.

En síntesis conclusiva, el análisis en profundidad de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales de 2025 subraya que la resolución legislativa del prolongado estancamiento de los criptoactivos reconfigurará de arriba abajo las finanzas internacionales. La codificación definitiva de las divisorias entre productos básicos regulados y valores en redes distribuidas, catalizada por el valiente esfuerzo taxonómico de la SEC de Paul Atkins y la CFTC, representa la arquitectura del mercado capitalista para el siglo XXI.⁷ Si la coalición bipartidista logra superar las minas terrestres éticas plantadas en los negocios presidenciales y amasar los sesenta votos del Senado en la fase de reconciliación final, la promulgación oficial de la Ley CLARITY cimentará de forma permanente el liderazgo normativo, tecnológico y financiero de la República Estadounidense sobre la era de la tokenización digital, subordinando definitivamente el idealismo romántico de la Web3 a la irreductible supremacía de la geopolítica estatal.

Works cited

1. Slowly, Then All at Once: The Sun Rises on Crypto Market Structure …, accessed May 23, 2026, https://www.cahill.com/publications/client-alerts/2026-05-15-slowly-then-all-at-once-the-sun-rises-on-crypto-market-structure-in-the-us
2. US House of Representatives Passes Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act | Global Fintech & Digital Assets Blog, accessed May 23, 2026, https://www.fintechanddigitalassets.com/2024/05/us-house-of-representatives-passes-financial-innovation-and-technology-for-the-21st-century-act/
3. US Senate’s digital asset market rules nearing the finish line, accessed May 23, 2026, https://coingeek.com/us-senate-digital-asset-market-rules-nearing-the-finish-line/
4. CLARITY Act of 2025 (H.R. 3633) Explained: What the U.S. Crypto Market Structure Bill Would Change – KYC Chain, accessed May 23, 2026, https://kyc-chain.com/clarity-act-of-2025-h-r-3633-explained-what-the-u-s-crypto-market-structure-bill-would-change/
5. US Crypto Policy Tracker: Legislative Developments – Latham & Watkins, accessed May 23, 2026, https://www.lw.com/en/us-crypto-policy-tracker/legislative-developments
6. US Federal Crypto and Digital Assets Legislation – Davis Wright Tremaine, accessed May 23, 2026, https://www.dwt.com/-/media/files/insights/2025/us-federal-crypto-and-digital-assets-legislation-w.pdf
7. Crypto Clarity: SEC and CFTC Issue Comprehensive Crypto Asset …, accessed May 23, 2026, https://www.morganlewis.com/pubs/2026/03/crypto-clarity-sec-and-cftc-issue-comprehensive-crypto-asset-guidance-part-1
8. The Long Road to CLARITY | Cato at Liberty Blog – Cato Institute, accessed May 23, 2026, https://www.cato.org/blog/long-road-clarity
9. Reps. Emmer, Soto reintroduce Securities Clarity Act as Congress eyes crypto legislation, accessed May 23, 2026, https://www.theblock.co/post/348350/reps-emmer-soto-reintroduce-securities-clarity-act-as-congress-eyes-crypto-legislation
10. Emmer Celebrates the Passage of the Securities Clarity Act in the FIT21 Act, accessed May 23, 2026, https://emmer.house.gov/media-center/press-releases/emmer-celebrates-the-passage-of-the-securities-clarity-act-in-the-fit21-act
11. Emmer Reintroduces Legislation to Provide Regulatory Clarity for Digital Assets, accessed May 23, 2026, https://emmer.house.gov/media-center/press-releases/emmer-reintroduces-legislation-to-provide-regulatory-clarity-for-digital-assets
12. US HR2365 – BillTrack50, accessed May 23, 2026, https://www.billtrack50.com/billdetail/1877664
13. Congressional Record, Volume 170 Issue 89 (Wednesday, May 22, 2024) – GovInfo, accessed May 23, 2026, https://www.govinfo.gov/content/pkg/CREC-2024-05-22/html/CREC-2024-05-22-pt1-PgH3419.htm
14. Bill tracking in US – HR 3572 (118 legislative session) – FastDemocracy, accessed May 23, 2026, https://fastdemocracy.com/bill-search/us/118/bills/USB00076223/
15. Daniel L. McAvoy – Polsinelli BitBlog, accessed May 23, 2026, https://www.polsinelli.com/daniel-l-mcavoy/polsinelli-bitblog
16. Emmer’s Securities Clarity Act and Blockchain Regulatory Certainty Act pass House Financial Services Committee Markup, accessed May 23, 2026, https://emmer.house.gov/media-center/press-releases/emmer-s-securities-clarity-act-and-blockchain-regulatory-certainty-act-pass-house-financial-services-committee-markup
17. Blockchain and digital assets news and trends – October 2020 | DLA Piper, accessed May 23, 2026, https://www.dlapiper.com/insights/publications/blockchain-and-digital-assets-news-and-trends/2022/blockchain-and-digital-assets-news-and-trends-oct-2020
18. House passes Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, accessed May 23, 2026, https://www.aoshearman.com/en/insights/house-passes-financial-innovation-and-technology-for-the-21st-century-act
19. US House of Representatives Passes FIT21 Major Crypto Legislation | Practical Law, accessed May 23, 2026, https://content.next.westlaw.com/practical-law/document/If6dffb16191b11ef8921fbef1a541940/US-House-of-Representatives-Passes-FIT21-Major-Crypto-Legislation?viewType=FullText&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
20. Regulating Digital Assets: FIT21 Seems to Fit the Bill | Insights | Jones Day, accessed May 23, 2026, https://www.jonesday.com/en/insights/2025/02/regulating-digital-assets-fit21-seems-to-fit-the-bill
21. digital assets, other than bitcoin, are securities and should be regulated by the Securities and Exchange Commission – House Committee on Agriculture, accessed May 23, 2026, https://agriculture.house.gov/uploadedfiles/market_structure_myth_v_fact.pdf
22. Crypto Regulation: FIT21 and the US Landscape | Dechert LLP, accessed May 23, 2026, https://www.dechert.com/content/dam/dechert%20files/knowledge/onpoint/2024/6/Crypto%20Regulation%20FIT21%20and%20the%20U.S.%20Landscape.pdf
23. SEC Chair Addresses Congress on Approach to Capital Formation, Regulatory Reform and Digital Assets | Free Writings & Perspectives, accessed May 23, 2026, https://www.freewritings.law/2026/02/sec-chair-addresses-congress-on-approach-to-capital-formation-regulatory-reform-and-digital-assets/
24. Crypto in 2026: The Democratization of Digital Assets | HUB – K&L Gates, accessed May 23, 2026, https://www.klgates.com/Crypto-in-2026-The-Democratization-of-Digital-Assets-1-29-2026
25. Federal Regulators Speak at Bitcoin 2026, Fed Chair Nomination Progresses, CLARITY Act Negotiations Continue and CFTC Sues Wisconsin Over Prediction Markets | Paul Hastings LLP, accessed May 23, 2026, https://www.paulhastings.com/insights/crypto-policy-tracker/federal-regulators-speak-at-bitcoin-2026-fed-chair-nomination-progresses-clarity-act-negotiations-continue-and-cftc-sues-wisconsin-over-prediction-markets
26. With Supportive New Regulations, Digital Assets Are Likely to Proliferate in 2026, accessed May 23, 2026, https://www.skadden.com/insights/publications/2026/2026-insights/sector-spotlights/with-supportive-new-regulations-digital-assets-are-likely-to-proliferate-in-2026
27. Thursday, July 17, 2025 – live.house.gov, U.S. House of Representatives, accessed May 23, 2026, https://live.house.gov/?date=2025-07-17
28. Blockchain and Digital Assets News and Trends – Q1 2026 | DLA Piper, accessed May 23, 2026, https://www.dlapiper.com/en-hk/insights/publications/blockchain-and-digital-assets-news-and-trends/2026/blockchain-and-digital-assets-news-and-trends-q1-2026
29. Senate Banking Committee Advances Crypto Market Structure Bill …, accessed May 23, 2026, https://www.dwt.com/blogs/financial-services-law-advisor/2026/05/senate-banking-crypto-market-structure-bill
30. Digital Asset Market Clarity Act – Senate Banking Committee, accessed May 23, 2026, https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/section-by-section.pdf
31. Congressman Emmer Voices Support for the CLARITY Act, accessed May 23, 2026, https://emmer.house.gov/media-center/press-releases/congressman-emmer-voices-support-for-the-clarity-act
32. STRENGTHENING AMERICAN LEADERSHIP IN DIGITAL FINANCIAL TECHNOLOGY – The White House, accessed May 23, 2026, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/Digital-Assets-Report-EO14178.pdf
33. Clarity Act odds surge on stablecoin compromise, Coinbase support …, accessed May 23, 2026, https://www.dlnews.com/articles/regulation/clarity-act-odds-surge-on-stablecoin-compromise/
34. US Administration, Congress, and SEC and CFTC Leadership Push for Unified Digital Asset Framework – Morgan Lewis, accessed May 23, 2026, https://www.morganlewis.com/pubs/2025/02/us-administration-congress-and-sec-and-cftc-leadership-push-for-unified-digital-asset-framework
35. White House Meets Crypto and Banking Leaders as Stablecoin Yield Stalls Crypto Bill, accessed May 23, 2026, https://coindcx.com/blog/crypto-news-global/white-house-meets-crypto-and-banking-leaders-as-stablecoin-yield-stalls-crypto-bill/
36. CLARITY Act Enters Critical Stage: Will the US Crypto Regulatory …, accessed May 23, 2026, https://www.kucoin.com/blog/en-clarity-act-enters-critical-stage-will-the-us-crypto-regulatory-landscape-change